El gobierno norteamericano sabía que la gran mayoría de los 238 migrantes venezolanos que envió a una prisión de máxima seguridad en El Salvador a mediados del marzo pasado no había sido condenada por crimen alguno en Estados Unidos, aún antes de calificarlos de terroristas y deportarlos, según indican registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de Estados Unidos no revelados previamente.